Las Naciones Unidas siguieron la tendencia señalada por la decisión de Awas Tingni y el 13 de septiembre de 2007 aprobó una Declaración sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, la defensa del “derecho a la libre determinación” de los pueblos indígenas en el marco de los estados en los que habitan.

En la Declaración se pide que se adopten medidas preventivas para garantizar la identidad cultural de los pueblos indígenas y los derechos a las tierras tradicionales, y de una acción concertada a nivel nacional e internacional para mejorar sus condiciones sociales y económicas.
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Si bien una abrumadora mayoría de los 192 Estados miembros de la ONU quien votó a favor de la Declaración y cuatro votaron en contra – por mala suerte los Estados Unidos entre ellos – por razones que sólo un abogado acepta una versión extrema de formalismo jurídico que podría comprar.

Pero el cambio de clima político en cada uno de los estados se oponen a la esperanza de que esos cuatro puestos a invertir el tiempo y participar en la marcha hacia una mayor iluminación en los derechos humanos, con expresiones de apoyo a la Declaración.

Pero una cosa es que los gobiernos profesan apoyo a nobles principios de los derechos humanos o la adhesión a las decisiones de los tribunales. Es muy otra cosa para la retórica de traducir a la realidad de la vida de las personas.