Una multitud se reúne, son simpatizantes locales en torno a un hombre con una petición y una queja: Los residentes cuyas familias han estado aquí por generaciones, incluso algunos que han vendido sus propiedades a los inversores extranjeros por alrededor de $.10,000 hace unos años sólo para ver que ahora a la «vuelta» cuesta 40 veces el precio, se les niega acceso a la playa que ha sido cerrada a lo largo de gran parte de la costa.

Hace poco, añade un espectador, un grupo de pescadores afirmaron que fueron amenazados por guardias de seguridad armados, cuando su barco se encontraba demasiado cerca de la orilla de un eco-resort de lujo al norte de la ciudad.

Esta situación «insostenible» que puede desembocar en conflictos sociales muy graves, aún no es solucionada por el gobierno, quien por el momento, aunque no de forma directa, prefiere apoyar al sector empresarial y a las grandes cadenas hoteleras, que se han adueñado de las playas públicas.